La atribución de funciones jurisdiccionales a los denominados Organos de Control Externo (OCEX) de la actividad económico-financiera de las Administraciones Públicas ha dado lugar históricamente a diferentes polémicas doctrinales de indudable e inmediata trascendencia política, en la medida en que afecta a los mismos supuestos en que se basa la organización institucional de los Estados constitucionales. En este sentido, resulta tan significativo el momento histórico de creación de la Cour de Comptes francesa como el hecho de que algunos modelos de Organos de Control Externo vigentes con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial -que se analizan en sus aspectos más generales- no tienen atribuidas tales funciones, en un proceso que parece adoptar carácter general tras la declaración de 1997 del INTOSAI.