Administrativo

A través de este estudio se intenta dar respuesta a algunos de los interrogantes que en torno a esta compleja cuestión se suscitan: ¿existe un derecho a conocer el propio origen biológico?, si es así, ¿debe éste prevalecer sobre el derecho a la intimidad de la madre?, ¿tiene la Administración la obligación de entregar los documentos que obren en su poder relativos a la identidad de la madre biológica?

Este manual es fruto de la experiencia docente y va dirigido a los alumnos que cursan el Plan de Bolonia, es decir, el grado, que sustituye a la antigua licenciatura. Por ello, intenta ser pedagógico y claro, pues está hecho desde y para la universidad. De ese modo, junto con los conceptos y las explicaciones, se incluyen ejemplos que ilustran la dogmática de las instituciones. Así, además de la doctrina (que se ha decidido poner al final de cada tema), se incluyen las resoluciones más importantes de nuestros tribunales (TC , TS , TSJ, así como TEDH y TJUE).

Ve la luz la segunda edición de este libro que incorpora las reformas legales aprobadas en nuestro ordenamiento jurídico desde la primera versión de este libro. En particular, se ha aprobado la Ley de 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la cual persigue que la normativa básica en materia de Administración Local se adecúe a la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales, modificando para ello algunos aspectos relativos a la organización y funcionamiento de la Administración local y a su régimen económico financiero; medidas que se complementan con lo dispuesto en la Ley 15/2014, de 16 de diciembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Asimismo, también ha sido aprobada la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad de Mercado, norma que busca establecer los principios y normas básicas dirigidas a garantizar la unidad de mercado y eliminar la fragmentación del mismo. Finalmente, en esta nueva edición valoramos las principales consecuencias que, para las Administraciones Públicas, derivan de lo dispuesto en la nueva legislación de transparencia, concretada a nivel estatal en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y, a nivel autonómico, para Cataluña, en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña. Ambas normas imponen a las Administraciones Públicas y a otros entes vinculados al sector público determinadas obligaciones de publicidad activa respecto a informaciones que se considera revisten interés general, regulan el procedimiento para hacer efecivo el derecho de acceso a la información administrativa e incorporan una serie de reglas relativas al buen gobierno; previsiones de suma relevancia que abren una nueva etapa en la actuación de nuestras Administraciones Públicas, caracterizada por un mayor nivel de transparencia y apertura respecto a su actuación.

Así como en otras latitudes, el Perú ha experimentado una rápida evolución en lo que respecta al Derecho Administrativo, consolidándose como un importante ámbito del Derecho Público Nacional. Este volumen presenta las ponencias del Segundo Congreso Administrativo, realizado en la ciudad de Lima, en abril del 2006, en el que se reunieron destacados especialistas tanto del Perú como del extranjero. Las partes en las que se divide esta obra responden a las comisiones en las que se trabajo en dicho evento, refiriéndose a la descentralización, la contratación administrativa, el derecho ambiental, el procedimiento administrativo, los servicios públicos, la regulación económica entre otros muchos temas de capital importancia, no sólo para esta rama jurídica sino para el Estado Constitucional en general.

Derecho administrativo del turismo es ya un referente en el análisis de la legislación administrativa del sector turístico que, en esta quinta edición, aporta como principal novedad la transformación que sobre la intervención administrativa limitativa supone la nueva Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Con esta Ley, la tradicional autorización administrativa que permitía el comienzo de la actividad turística por parte del agente turístico correspondiente, se ha visto sustituida por una mera comunicación o declaración responsable del interesado. Lo cual, quizá lejos de traducirse en una mayor simplificación de la tramitación para el agente, va a implicar una mayor responsabilidad por su parte. De otro lado, la crisis económica que afecta, cómo no, al sector turístico, ha llevado a las diferentes Comunidades Autónomas a buscar fórmulas imaginativas de fomento y promoción del turismo en sus territorios. Lo que se ha traducido en nuevas herramientas de intervención del fomento administrativo turístico en cada Comunidad. Asimismo la Unión Europea, por la vía de su título competencial en transportes intracomunitarios y consumo, ha legislado sobre estas materias, afectando de forma esencial al sector turístico, sobre todo reconociendo mayores garantías y derechos a los usuarios turísticos. Todo ello, de alguna forma, traspasa a los diferentes agentes turísticos, en sus modalidades de oferta (alojativa, de mediación, de restauración o profesional), haciendo realmente transversal cualquier modificación en el sector e incluso de fuera del sector pero con incidencia indirecta sobre él, como es el sector del transporte o del consumo.

Escrito por el Profesor de la Universidad de Florencia Mario Chiti, uno de los grandes especialistas en la materia, constituye un libro capital para abordar el conocimiento del Derecho comunitario como ordenamiento atípico y, más en concreto, las Instituciones ligadas a la adopción de decisiones administrativas en el seno de la Unión Europea. Se trata, pues, del «núcleo duro» del Derecho comunitario, una suerte de Parte General cuyo conocimiento claro y preciso es requisito inexcusable para la aplicación de los numerosos sectores especializados donde el Derecho comunitario es ya la base esencial del ordenamiento.