Civil

La desheredación es un acto formal y una sanción civil por la que el legitimario es privado de la condición de heredero, de la totalidad de la herencia salvao que expresamente el testador haya dispuesto otra cosa, y de la psoibilidad de solicitar lo que por legítima le corresponda, conservando, sin embargo, para determinados efectos la condición de legitimario. A partir de este concepto, se analiza la peculiar eficacia de esta institución que no ha de transgredir su esencia: una pena al desheredado que no puede suponer un beneficio para otros legitimarios y un aumento en la restricción de disposición del testador más allá del respeto al sistema de legítimas.

El arrendamiento de bienes muebles y el contrato de renting, entendido como un arriendo mobiliario duradero con servicios, vienen adoleciendo de una suerte de “invisibilidad jurídica” que no se compadece con su gran pujanza socioeconómica. Estos contratos carecen de una expresa regulación ad hoc, no es fácil rastrear la abundante jurisprudencia recaída sobre ellos por falta de entradas precisas en los tesauros al uso y por su confusión y camuflaje en contratos próximos (leasing financiero, arrendamientos de inmuebles o de industria, contratos de servicios) y no han recibido aún el tratamiento doctrinal de conjunto que merecen, al margen de un par de obras sobre alquileres sectoriales (de automóviles, de buques), muy pocos ensayos sobre el renting desde el punto de vista sustantivo y ninguno sobre el alquiler de todo tipo de bienes muebles en su conjunto. Esta obra constituye la primera monografía que aborda en nuestro país un estudio completo de Derecho privado, civil y mercantil, sobre dichos contratos. Además de definir la esencia del goce locativo mobiliario y las variables que imprimen señas propias a algunos grupos de acuerdos por la naturaleza del bien, la actividad de los terceros intervinientes o la duración del contrato, sin quebrantar la calificación unitaria de éste, se examinan, entre otras, cuestiones de trascendencia y litigiosidad, como las obligaciones de mantenimiento y reparación, las cláusulas de vencimiento anticipado de rentas, el régimen de responsabilidad por deterioro o pérdida, la aplicabilidad de las reglas sobre tácita reconducción, sobre extinción del arriendo ante la enajenación del bien o sobre saneamiento y conformidad, la discutible eficacia de la inscripción del contrato en el Registro de Bienes Muebles, etc. El análisis de estas materias se acomete con un enfoque eminentemente práctico desde sólidos postulados dogmáticos, a partir de cuatro premisas de metodología: en primer lugar, un completo análisis de 250 sentencias del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales, seleccionadas por su tratamiento específico entre varios centenares de otros fallos, bastantes también citados, sobre cuestiones próximas. En segundo lugar, el empleo del llamado “Derecho de los formularios” para ilustrar los problemas reales del tráfico, a partir no sólo de los modelos de la DGRN, sino de varias decenas de contratos representativos de diversos sectores contractuales. En tercer lugar, un intenso uso del Derecho comparado, no sólo europeo (con especial referencia al “Marco Común de Referencia” sobre Derecho contractual europeo de 2008 que acoge los “Principios Europeos sobre Arrendamiento de Bienes Muebles” de igual fecha), sino mundial, para abonar las soluciones con el contrapunto de otros sistemas jurídicos. En cuarto lugar, se presta especial atención a la adaptación y engaste de los artículos 1542 a 1582 del Código civil sobre el arrendamiento de cosas con otras normas del ordenamiento que afectan al alquiler mobiliario, como el Código de Comercio, la Ley 2/2004 sobre morosidad, el Reglamento sobre Transporte Terrestre, modificado por RD 1255/2006, el Proyecto de Ley de Navegación Marítima de 2006, el régimen del Registro de Bienes Muebles y, muy especialmente, el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por RDL 1/2007, de 16 de noviembre. El texto se cierra con un útil anexo sobre la jurisprudencia específica de estos contratos y con una propuesta articulada de lege ferenda para su regulación en el Código civil.

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento civil y de la Normativa Tributaria, tipifica por primera vez a nivel estatal el denominado contrato de alimentos cuya regulación se incorpora en los artículos 1791 a 1797 del Código civil. Se trata de un contrato que cumple una función social innegable puesto que permite a cualquier persona asegurar el mantenimiento de su tren de vida y hacer frente a las necesidades de la edad o la enfermedad. Por ello, es especialmente útil en nuestros días teniendo en cuenta el panorama social actual, no sólo a nivel europeo sino a nivel mundial.

El objetivo de esta monografía es ofrecer respuestas a las cuestiones controvertidas que suscita este negocio jurídico tan singular y complejo. La urgencia con que se promulga la Ley 41/2003 conlleva que la nueva normativa del contrato de alimentos adolezca de una falta de rigor técnico-jurídico patente en gran parte de sus preceptos. Esto nos ha obligado a analizarla con detenimiento para intentar esclarecer su ambigüedad y subsanar sus lagunas, proponiendo para ello ciertas modificaciones legislativas así como soluciones a problemas no resueltos por el legislador.