Sistema juridico y dogmatica juridica
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Realidades y tendencias en el siglo XXI (tomo I). Derecho económico
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La teoría de la administración desarrollada en este libro, no es más ni menos, que una teoría del derecho administrativo. Este programa se anuncia ya en el título del libro: derecho administrativo.
La posición del término «general» trae consigo una limitación en cuanto al objeto. Lo que se ofrece como problema no es, naturalmente, la totalidad del derecho administrativo que ha tomado cuerpo en todo lugar y tiempo, sino solamente un extracto del mismo modo como la teoría general del Estado, es entendida como abstracción a base de los ordenamientos jurídico-políticos concretos, así el derecho administrativo general se entenderá como abstracción a base de los parciales ordenamientos jurídico-administrativos concretos. Nada tiene de común nuestro derecho administrativo general con un derecho natural, con el cual parece comprometerse fácilmente, aun en nuestros días, el llamado derecho general. Muy lejos de dirigirse con exigencias cualesquiera al derecho administrativo positivo o de sugerirle como necesarias instituciones jurídicas que no se muestran en él, la teoría general del derecho administrativo utiliza cada uno de los ordenamientos jurídico-positivos como material de donde destacar aquellos factores comunes de validez general para todo ordenamiento jurídico-administrativo positivo o, cuando menos, para la mayoría de ellos.
La teoría de la administración desarrollada en este libro, no es más ni menos, que una teoría del derecho administrativo. Este programa se anuncia ya en el título del libro: derecho administrativo.
La posición del término «general» trae consigo una limitación en cuanto al objeto. Lo que se ofrece como problema no es, naturalmente, la totalidad del derecho administrativo que ha tomado cuerpo en todo lugar y tiempo, sino solamente un extracto del mismo modo como la teoría general del Estado, es entendida como abstracción a base de los ordenamientos jurídico-políticos concretos, así el derecho administrativo general se entenderá como abstracción a base de los parciales ordenamientos jurídico-administrativos concretos. Nada tiene de común nuestro derecho administrativo general con un derecho natural, con el cual parece comprometerse fácilmente, aun en nuestros días, el llamado derecho general. Muy lejos de dirigirse con exigencias cualesquiera al derecho administrativo positivo o de sugerirle como necesarias instituciones jurídicas que no se muestran en él, la teoría general del derecho administrativo utiliza cada uno de los ordenamientos jurídico-positivos como material de donde destacar aquellos factores comunes de validez general para todo ordenamiento jurídico-administrativo positivo o, cuando menos, para la mayoría de ellos.
| Editorial | |
|---|---|
| ISBN | 9789563922967 |
| Año de publicación | 2018 |
| Edición de Libro | 1era. |
| Páginas | 502 |
| Idioma | |
| Formato | Ebook |
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Esta obra, tal y como se deduce de la lectura de su título, contiene importantes elementos para el estudio del Derecho Internacional Público desde el punto de vista teórico e histórico. El Profesor y Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Marcano Salazar se ha dedicado a realizar una revisión pormenorizada de diferentes obras de derecho internacional, de tratados internacionales y el texto cita en infinidad de ocasiones, interesantes fuentes primarias sobre la materia. El prólogo de esta obra presenta la particularidad de haber sido realizado por tres reconocidos expertos en materia de Derecho Internacional Público: el Embajador Julio César Pineda, el profesor José Guillermo Andueza, el doctor Briceño García y el embajador Milos Alcalay. El gran mérito de esta obra es que introduce a las personas interesadas en el área del Derecho Internacional Público, bien sean estudiantes o público en general, en los últimos cambios sucedidos en el ámbito internacional. Diez capítulos integran la totalidad de esta nueva obra latinoamericana de Derecho Internacional Público en su sexta edición chilena. Emergen en la obra novedosos temas en materia de Derecho Internacional Público, por ejemplo; Derecho Penal Internacional, Derecho Comunitario, Subjetividad Internacional y Reconocimiento, Derecho Internacional Ambiental, Resolución de Conflictos y Derecho Electrónico y Cibernético. Se trata pues, de una obra bastante completa que tiene el valor agregado de ser una obra realizada en Venezuela para América Latina y el mundo y que está a la altura de cualquier otro texto que a nivel internacional se haya publicado sobre la materia.
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El Derecho procesal constitucional es una concretización de la Ley Fundamental en dos sentidos: en que él mismo es un Derecho constitucional concretizado y en que le sirve al Tribunal Constitucional para concretizar la Ley Fundamental. La gran “capacidad de concretización” del Tribunal Constitucional, demanda ahora una fundamentación del Derecho procesal constitucional de carácter teórico-constitucional.
En la medida en que el Tribunal Constitucional continúa elaborando y ampliando su jurisprudencia con respecto al Derecho procesal constitucional, se llegará a una “interpretación de la Constitución conforme a la jurisprudencia”.
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La elocuencia forense perderá todo aquello que tiene ahora de teatral y venal. La profesión del defensor no será en lo sucesivo un oficio de interés privado, pagado una y otra vez por el inculpado, para convertirse en una función social como lo es hoy la acusación; y la defensa no podrá ayudarse ya en lo sucesivo de aquellas armas retóricas que en la actualidad constituyen su prestigio fatal, sino que deberá buscar otras armas más dignas y más nobles, en el arsenal de la ciencia. La elocuencia forense, en suma, se convertirá en un estudio de psiquiatría o de psicología, únicas bases seguras para poder juzgar con aquella relativa justicia que debe conciliar el derecho del individuo con el de la sociedad.
Yo bien sé, mi querido Materi, que este sueño es un ideal muy lejano; pero me ha placido afirmarlo aquí, al frente de tu libro, donde lo expresaste clara y noblemente, a fin de que el público que lea tu trabajo conozca el objetivo de sus principios y entienda su alcance y su fin.
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En el momento actual tiene lugar un vivo debate acerca de la posibilidad de dar mayor consideración a la sociología en la jurisprudencia. Los frentes, las premisas de los argumentos y las bases para la evaluación de posibilidades son a menudo poco claros, a menos que se tome una definición política de la situación como una aclaración. Frente a tales debates es una máxima conocida y válida buscar el punto en que coincidan las partes enfrentadas, y luego afirmar lo contrario. Esto es lo que se hará aquí.
Sospecho que el punto de unión está en la concepción de que las decisiones jurídicas habrían de orientarse hacia sus efectos: algo obvio para los intérpretes, un punto de referencia para el enjuiciamiento de las construcciones jurídicas o de figuras dogmáticas, y para el derecho comparado, y una brecha abierta para las ciencias sociales. Si se acepta este punto de partida, la única cuestión pendiente es la de cómo es posible limitar el sector de las consecuencias relevantes. Como las consecuencias futuras de decisiones son interdependientes en alto grado, tanto más cuanto que las consecuencias hipotéticas de las alternativas se han de incluir en la decisión jurídica, la orientación a las consecuencias nos lleva forzosamente a desdibujar las diferenciaciones actuales, sea en el aspecto profesional, sea en el organizativo. Si se acepta sin más este principio nos será muy difícil trazar unas fronteras claras y con sentido. Lo único que se podrá hacer aún será argumentar desde puntos de vista, pero quedará abierta la cuestión de si, y en qué contexto, se ha elegido bien el punto de partida.
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El Derecho procesal constituye un complemento necesario y hasta indispensable del civil. Sirve para la protección de los derechos privados de los particulares en sus relaciones mutuas (de su propiedad, crédito, derechos de familia y hereditarios, etc.), en cuanto los hace indudables y sirve de auxiliador para su realización; pero además proporciona al orden jurídico privado en su totalidad la fuerza y efectividad necesarias, ofreciéndole la garantía de que cualesquiera lesiones contra él serán contenidas y evitadas por el Estado: de esta suerte inviste a las prescripciones del derecho civil de la validez real necesaria sin la cual no serían más que meras reglas teóricas.
